Derecho y Debate trae en esta nueva edición importante temas para el análisis y la reflexión. En el ámbito de lo más directamente vinculado al Derecho Administrativo, se incluyen unas reflexiones de José Antonio Moreno Molina sobre la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano, a la cual se considera una excelente manifestación del derecho a la buena administración. Y junto a ello, se procede a dar a conocer en su totalidad el proyecto de nueva Ley de Contrataciones del Estado peruano que el actual gobierno envió este 18 de junio al Congreso para su debate y eventual aprobación.
Y es que la relevancia de un adecuado régimen de contratación pública como instrumento para desarrollar una serie de políticas públicas es a todas luces insoslayable. Y si algo requiere entonces ser rectificado en América Latina en general, y en el Perú en particular, es el régimen de contratación pública, el cual, por sus imperfecciones y errores de configuración, deviene en un retardatario de algunas indispensables acciones a acometer, ha propiciado el establecimiento de regímenes especial que erosionan la vigencia de pautas de carácter general, o ha impulsado la aparición de ciertas perniciosas prácticas al margen (o que por lo menos, apuntan en un sentido distinto al previsto) de la normativa vigente.
En este mismo escenario resulta especialmente relevante también lo planteado por Miriam Ivanega sobre el principio de buena fe en los contratos administrativos, pues como se señala en ese texto, muy a despecho de algunos cuestionamientos sobre el origen, alcance, estructura y función de los principios generales, nadie cuestiona la relevancia de los mismos para la comprensión de cualquier ordenamiento jurídico, y dentro de él, del régimen de contratación estatal invocable.
Ahora bien, este no es el único tema abordado en este número de “Derecho y Debate”. Inauguramos, tal como ya habíamos adelantado, la sección “Contrapunto”. Allí consignamos dos posturas distintas sobre algún tema de interés. Aquí abordamos esta alternativa por partida doble, pues, de un lado se cuenta con los trabajos de Fernando Rey y Carlos Ruiz Miguel sobre la pertinencia de la abdicación de Juan Carlos I a su condición de rey de España, y, junto a ello, indirectamente sobre los alcances y vigencia de una monarquía dentro de un Estado Constitucional.
De otra parte, el siempre polémico tema sobre si es jurídicamente factible y conveniente penalizar el consumo de drogas es abordado desde diferentes perspectivas por Patricio Maraniello y Jhonathan Ávila. Como bien puede apreciarse en estos como en otros temas, “Derecho y Debate”, antes de adscribirse a una posición en particular, busca que se conozcan las diversas posturas que puedan existir en materias relevantes para así colaborar con el proceso mediante el cual cada quien configura su propia opinión al respecto.
El estatuto o el perfil del juez(a) constitucional y el debate sobre la pertinencia de instaurar un Tribunal Constitucional donde todavía no existe son, qué duda cabe, materias de capital relevancia dentro de todo Estado Constitucional que se precie de serlo. Es en ese sentido que se consignan los textos de Roberto Rómboli y Marcelo López Alfonsin, así como algunas líneas nuestras. Junto al desarrollo de este tema encontramos a la preocupación de Omar Sar sobre los evidentes casos de discriminación existentes, vinculados con la variable edad, asunto de innegable importancia muy a despecho de la configuración demográfica de cada país.
“Derecho y debate” además no quiere mantenerse al margen de un acontecimiento al parecer inédito en el Perú. Por lo menos hasta donde tenemos referencia, por primera vez en nuestro país va a realizar unas primeras jornadas exclusivamente dedicadas a la enseñanza del Derecho Constitucional.
Es pues en mérito al común esfuerzo entre la Coordinación del área constitucional de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Red Peruana de Docentes en Derecho Constitucional, el 23 y 24 de junio, en las instalaciones del Centro de Estudios Constitucional peruano (las que nos han sido gentilmente prestadas para esta actividad), profesores de diversas facultades de Derecho de nuestro país se reunirán para intercambiar ideas y puntos de vista sobre cuáles son las razones que llevan hoy a dictar cursos de Derecho Constitucional como base de la formación de todo(a) futuro(a) abogado(a); que debe dictarse con carácter obligatorio y qué como materias electivas; y, finalmente, cuáles son las pautas que a nivel de metodología de enseñanza y metodología de evaluación conviene seguir en cada caso en particular.
Reservamos para este número una descripción de los alcances de esta actividad, y nos comprometemos desde ya a incluir en la próxima edición lo allí discutido con el mayor detalle posible. “Derecho y Debate” sigue así profundizando en la línea que desde sus inicios se ha propuesto trabajar.
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