Corresponde ahora presentar la nueva edición de «Derecho y Debate», con artículos y demás instrumentos que espero sean de vuestro interés.
En el ámbito más vinculado a los constitucional tenemos, por un lado, el importante trabajo del profesor Marc Carrillo intitulado «Constitución y Control de las Finanzas Públicas», tema que, viendo algunas coyunturas recientes de nuestros países, cuenta con especial relevancia. No le viene a la zaga en interés el debate sobre si un Tribunal Constitucional puede excepcionalmente declarar la nulidad de sus propias decisiones abordado en un trabajo elaborado por el suscrito y por profesor Juan Manuel Sosa Sacio.
De otro lado, y más cercanos a una cada vez más asentada dinámica de internacionalización o convencionalización del Derecho para algunos, y de la consolidación de un derecho común inspirado en el respeto del parámetro convencional para otros, se encuentran las excelentes contribuciones de los profesores Víctor Bazán (con un libro sobre el control de las omisiones inconstitucionales e inconvencionales) y Michele Carducci.
El análisis sobre qué puede contener una política pública en particular se encuentra desarrollado en el valioso aporte del profesor Jorge Gentile. Y ya desde la perspectiva del Derecho Administrativo, tres estupendos aportes de los profesores Eloísa Carbonell, Antonio Marti y Lourdes de la Torre, sobre los alcances de los conceptos de interés difuso e interés colectivo, la incidencia del pluralismo televisivo, y el impacto del principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres (con un especial énfasis en lo referido al acceso a la jurisdicción Contencioso Administrativa), respectivamente. Junto a estos trabajos, algunas anotaciones hechas por el suscrito acerca del funcionamiento de la Contratación Pública en el Perú, así como sobre la normativa recientemente aprobada al respecto.
Nuestra actual entrega se completa con dos alcances normativos de innegable interés: en primer lugar, el texto de la Ley de Reforma Constitucional (Ley 30305), sobre Denominación y no reelección de autoridades regionales y alcaldes en el Perú, opción de suyo polémica. En segundo término, el reglamento de Medidas Administrativas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental peruano, el cual permite debatir sobre cuál es el alcance que puede tener la regulación estatal en este tipo de materias.
A lo expuesto debe añadirse alguna importante información sobre actividades que responden a esa misma línea de inquietudes. Así Derecho y Debate sigue apostando por fomentar el análisis e intercambio de ideas que ha sido desde el principio su razón de ser.
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