Veinte ediciones ininterrumpidas de “Derecho y Debate” implican sin duda alguna realizar una serie de reflexiones y agradecimientos. En el plano de las reflexiones, conviene hacer un alto en el camino para evaluar si hasta hoy hemos alcanzado siquiera mínimamente el objetivo que motivó la generación de este espacio. Creemos que, muy a despecho de errores y limitaciones únicamente imputables a nosotros, la razón de ser de “Derecho y Debate” ha sido atendida. Ello, por cierto, nos da elementos para seguir adelante en dicho esfuerzo, abusando así de la paciencia y generosidad de todos(as) ustedes.
Es así que pasamos a efectuar una serie de agradecimientos. En primer lugar, a todos(as) ustedes, que con su apoyo contante le han dado a este nuestro esfuerzo su verdadera razón de ser. En segundo término, a todos(as) quienes no han alcanzado trabajos suyos inéditos o nos han autorizado a reproducir textos que han publicado en otros medios. En ambos casos estamos ante publicaciones de primer nivel, con contenidos con los cuales se coincide o se discrepa, pero de los que, en cualquier supuesto, siempre se aprende.
Mención aparte merece el invalorable apoyo de aquellos que nos ayudan desinteresadamente a plasmar este esfuerzo, y entre ellos, muy especialmente vaya nuestra gratitud a Alberto Cruces. Sin la colaboración de Alberto y otros(as) amigos(as) más, seguramente no hubiésemos podido pasar de las buenas intenciones.
Esta edición tiene una relevancia singular, pues intencionalmente se publica en un día como hoy, el Día Internacional de la Mujer. Para quienes fervientemente apostamos por un Estado Constitucional, el reconocimiento de los derechos de todas las personas, y sobre todo de los derechos de las mujeres, histórica e injustamente perjudicadas por situaciones de discriminación, implica enfrentar una serie de retos que resulta indispensable afrontar. Vaya entonces la ratificación de nuestro compromiso con la superación de estos difíciles retos.
Ahora bien, en este número de “Derecho y Debate” se cuenta con importantes contribuciones en la línea de seguir colaborando con la obtención de los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar. A nivel doctrinario, contamos en esta ocasión con una nueva contribución del maestro y amigos Néstor Pedro Sagüés, quien, con la lucidez que se le caracteriza, nos da elementos para evaluar cuales son las nuevas fronteras del control de convencionalidad. Y junto con esta contribución, va el aporte del notable iuspublicista Allan Brewer Carías sobre la confusión e inversión de roles del juez constitucional en un Estado totalitario, trabajo con el cual puede o no coincidirse total o parcialmente, pero cuya lectura en cualquier caso deviene en indispensable.
De otro lado, el siempre importante tema de la reforma constitucional y la posibilidad de su revisión en sede jurisdiccional merece en esta edición un estupendo análisis efectuado por Ignacio Colombo (con prólogo de Jorge Vanossi) y un modesto, pero bien intencionado aporte de quien redacta estas líneas. Además, y con la claridad y profundidad que caracteriza a sus textos, Juan Manuel Sosa Sacio nos permite difundir su “Crítica a la dignidad humana y la noción de necesidades básicas como un posible mejor fundamento para los derechos”, trabajo cuya lectura recomendamos vivamente.
Los aportes de la presente edición de “Derecho y Debate” no concluyen con lo expuesto. Carlos Santos nos habilita a difundir sus “Luces y sombras del régimen de acceso y los efectos de la inscripción en el registro de entidades religiosas”, materia con múltiples aristas para el desarrollo de necesarias reflexiones.
Como seguramente es de conocimiento de muchos(as) de ustedes, en el proceso electoral peruano en marcha se han dado una serie de cuestionamientos al accionar básicamente de dos agrupaciones políticas y de sus candidatos a la Presidencia de la Republica. En lo referido a la agrupación “Alianza para el Progreso”, se ha acusado a su candidato a la Presidencia de la República de haber incurrido en situaciones de plagio, lo cual ha motivado un pronunciamiento dado por un tribunal de carácter ético.
Además, y ante el alegato de que ese mismo candidato habría vulnerado normativa electoral cuya vigencia algunos discuten, se ha emitido una resolución, hoy recurrida, que excluiría a dicho postulante de su condición como tal.
De otro lado, y en lo relacionado con la agrupación “Todos por el Perú”, se generan observaciones en base a dos temas. El primero de ellos está vinculado a si dicha agrupación política puede estar debidamente inscrita en el registro correspondiente a pesar de incumplir con algunas pautas administrativas. El segundo se relaciona con la posibilidad de inscribir la plancha presidencial y las listas de postulantes al Congreso de esa misma agrupación.
No nos corresponde aquí realizar juicios de valor sobre la pertinencia o sobre la rigurosidad de estos pronunciamientos. Las traemos más bien a colación pues creemos que, muy a despecho de coincidir o discrepar con esos pronunciamientos, nos presentan elementos para aportes de este tipo, seguimos insistiendo en la consecución del esfuerzo que viene motivando nuestra labor desde hace ya veinte ediciones. Ojalá que esta nueva entrega tenga la acogida de sus antecesoras en ese esfuerzo.
Eloy Espinosa-Saldaña