“Derecho y Debate” viene con una nueva edición abordando materias que considero de gran importancia y actualidad. En este sentido, se incluye aquí, en primer lugar, la contribución del notable jurista Riccardo Guastini, gracias a una fina delicadeza del gran profesor y amigo Lucio Pegoraro, la cual públicamente agradezco. Guastini aborda un tema sin duda muy sugerente: el de los límites a la revisión constitucional, con especial incidencia en lo planteado en la jurisprudencia colombiana. Un trabajo sin duda alguna de lectura indispensable.
La compleja y hoy inquietante situación brasileña es también de innegable interés. Tenemos el privilegio de contar con un análisis de sus aspectos más relevantes, análisis hecho por uno de los actualmente más reconocidos constitucionalistas brasileños, Marcelo Figuereido. Además, el destacado constitucionalista argentino Jorge Alejandro Amaya permite la difusión de su excelente texto intitulado “Perspectivas y prospectivas al control de constitucionalidad y convencionalidad”, texto cuya revisión es a todas luces recomendable.
De otro lado, uno de los más importantes interrogantes de la nueva hornada de juspublicistas argentinos, Fernando Machado Pelloni, tiene la deferencia de permitir la reproducción de dos textos suyos. Uno de ellos, intitulado “Ciberodio”, abordando una serie de desafíos que hoy se generan tanto a la parte general como a la parte especial del Derecho penal. En el otro, escrito conjuntamente con Norma Bouyssou, se hace referencia a las siempre valiosas contribuciones del Hábeas Corpus a la causa del Estado de Derecho. Ambos son, sin duda, trabajos de gran calidad.
A su vez, el suscrito alcanza dos puntuales contribuciones, casi a modo de reporte y sistematización de lo ya trabajado al respecto. Una de ellas reseña la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano sobre motivación de las resoluciones judiciales. La otra está destinada a realizar un balance a los quince años de la entrada en vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo General del Perú. Y junto a todos estos textos, la sobresaliente contribución del profesor Alberto Cruces sobre una materia tan importante como sugerente, el de la relación entre funcionarios públicos y libertades informativas. Con directa vinculación con los temas allí abordados se encuentra lo planteado en la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, en donde se discute, entre otros aspectos, cuáles son los alcances que se reconocen a los derechos de la personalidad invocables en favor de altos funcionarios, como son algunos fiscales que integran el Ministerio Público peruano.
Un nuevo número de “Derecho y Debate”, publicado por cierto en un día en que se celebran veinticuatro años del comúnmente denominado “autogolpe” impulsado por Alberto Fujimori Fujimori, acontecimiento que sin duda debe generarnos más de una reflexión sobre conceptos tan importantes como democracia, legitimidad constitucional, Estado Constitucional o gobernabilidad, por solamente mencionar algunos de ellos. Espero entonces que esta nueva edición tenga la misma calurosa acogida que sus antecesoras.
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