Ya son veinticuatro ediciones de “Derecho y Debate”. Si tomamos en cuenta lo expuesto, son ya más de dos años donde, mes a mes, damos a conocer trabajos doctrinarios, jurisprudencia u otros documentos mediante los cuales se busca proporcionar instrumentos para una necesaria reflexión y debate desde lo jurídico, pero que no se agota en lo jurídico. Gracias desde ya por vuestro apoyo a este esfuerzo, en el cual pensamos persistir.
En ese sentido van los calificados aportes de esta edición de “Derecho y Debate”, la cual tiene el honor de contar con las sugerentes reflexiones de Jaime Rodríguez-Arana, quien no necesita mayor presentación, sobre la necesidad de apuntalar la centralidad del ciudadano. Y junto a este esfuerzo, los importantes aportes de los profesores Juan Manuel Sosa y Alberto cruces sobre el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano y los principios de la Constitución Económica, respectivamente.
Pero, tal como hemos mencionado en más de una oportunidad, no se agota con la consignación de importantes trabajos doctrinarios. Por ello, Derecho y Debate pone a vuestro conocimiento todo el documento que recoge el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC. Los alcances de lo planteado, y los retos que implicará su eventual materialización proporcionan sin duda elementos para un rico debate, el cual aquí únicamente buscamos propiciar.
Ahora bien, necesario es anotar como en esta edición de “Derecho y Debate” un aspecto central es rescatar la labor creativa y a la vez, el rol de mediación jurídica y de integración social que le corresponde al juez en el Estado Constitucional. En esta oportunidad van varias expresiones de este fenómeno, aunque ello no implica necesariamente coincidir con lo planteado por los juzgadores de cada caso en particular.
Así, por ejemplo, la necesidad de preservar los derechos a la identidad y a acceder a un documento nacional de identidad no solo es preservada, sino incluso potenciada en la reciente sentencia emitida en el caso “Gabe Villaverde” del Tribunal Constitucional peruano. De otro lado, los alcances de una siempre necesaria autonomía de la judicatura y una independencia de jueces y juezas en el tema desarrollado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Baka v. Hungría.
Además, los siempre polémicos alcances del derecho a la igualdad se encuentran puesto en debate en el muy sugerente Fisher v. University of Texas, con sentencia emitida a fines de junio de este año. Y si de garantizar condiciones de igualdad y bienestar se trata, sin duda tiene capital relevancia revisar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, emitida hace unos pocos días abordando un amparo colectivo sobre la tarifa del gas.
Mención especial merece aquí la medida cautelar concedida hace pocos días por el juez de primer juzgado constitucional de Lima, vinculada a la repartición del Anticonceptivo Oral de Emergencia por el Ministerio de Salud del Perú. Como seguramente se tendría presente, el año 2009, el Tribunal Constitucional del Perú, con una anterior composición, emitió una muy polémica sentencia en un tema de por sí polémico.
Y es que esa ocasión, muy a despecho de lo planteado por ese mismo colegiado en un pronunciamiento anterior, los entonces integrantes del Tribunal Constitucional peruano consideran que existen dudas sobre el carácter (anticonceptivo o abortivo) de la píldora del día siguiente, y en base a ello, permiten se proscriba su reparto gratuito por el Ministerio de Salud, más no su venta libre a particulares. Ahora bien, oportuno es anotar que se alega que los integrantes del Tribunal de aquella época señalaron que este su pronunciamiento admitía ser revisado si se encontraban nuevos elementos de juicio al respecto.
Como bien se puede apreciar, estamos ante otra edición que nos proporciona importantes elementos a tomar en cuenta. Ojalá entonces este nuevo esfuerzo pueda satisfacer vuestras expectativas al respecto.
Deja un comentario