En esta nueva edición, «Derecho y Debate» insiste en presentar temas que reputa como de especial relevancia, los cuales, por ello mismo, reclaman un profundo análisis y discusión. Una de esas materias centrales es, qué duda cabe, la de la reforma constitucional. Y que mejor manera de abordar tan importante tema que a través de la lectura de tres estupendos textos (uno de ellos dividido en dos partes) de Javier Ruiperez, destacado jurista español y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de la Coruña. Estamos pues ante un tema de insoslayable relevancia, abordado en o sobresalientes trabajos cuya lectura recomiendo muy vivamente.
De otro lado, la difícil situación venezolana es abordada con profunda rigurosidad técnica por dos brillantes juristas de dicho querido país, como son José Vicente Haro y José Ignacio Hernández. Ambos en sus textos nos describen la dolorosa situación de Venezuela, la cual obliga a todos(as) quienes estamos comprometidos(as) con el fortalecimiento del Estado Constitucional en nuestra Iberoamérica a no tener una actitud indiferente frente a la terrible realidad que hoy toca afrontar a nuestros hermanos y hermanas de ese pueblo querido y amigo.
A continuación, y a pedido de muchos de ustedes, volvemos a reproducir el texto de Antonello De Oto, importante jurista italiano y profesor de la prestigiosa universidad de Bolonia, quien aborda un tema de tan innegable significado como el de algunos alcances de ejercicio del derecho a la libertad religiosa en el actual contexto de la era de la globalización. Un estudio muy completo cuya lectura debiera ser ineludible.
Pasando entonces ya al desarrollo de aportes más bien de naturaleza jurisdiccional, «Derecho y Debate» difunde en esta ocasión dos muy recientes sentencias de dos altas cortes. En primer lugar, va entonces el pronunciamiento de la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos de Norte América en el caso «Texas v. Moore», donde se discute la pertinencia de aplicar o no la pena de muerte a cierto sector de personas con capacidades diferentes. En segundo término, aparece el caso Chura, resuelto por el Tribunal Constitucional de Perú, en el que se analiza a mi criterio una especificación de hasta dónde puede llegar el deber de especial protección que demanda un sector como el de los adultos mayores, buscando así evitar situaciones de exclusión o de discriminación a quienes se encuentran viviendo ya los últimos años de sus vidas.
Se cierra en esta ocasión el presente número de «Derecho y Debate» con la publicación de dos proyectos de Ley elaborados por la Contraloría General de la República del Perú. En el primero de ellos, esta importante entidad estatal peruana propone dejar de lado lo que hasta hoy ha sido una obligación de las diferentes reparticiones públicas en el Perú el financiamiento de la defensa de sus funcionarios y funcionarias. La Contraloría propone dejar de lado esta obligación en el caso de aquellos funcionarios(as) que precisamente vienen siendo procesados por esa entidad contralora.
Y junto a esta iniciativa, la Contraloría General de la República del Perú plantea otra: la relacionada a que, en aras de una mayor transparencia de la función pública, deba informarse con especial detalle todas las diferentes vinculaciones laborales que hayan tenido en el pasado diversos servidores(as) públicos. Con ello se busca, según quienes promueven esta iniciativa, evitar futuros y engorrosos conflictos de intereses.
No me corresponde hacer juicio de valor sobre estas importantes iniciativas, y menos aún discutir las loables intenciones que las motivan. Pongo en conocimiento las mismas para que cada quien se forme su propio criterio sobre si nos encontramos ante las más adecuadas materializaciones para los fines que se buscan alcanzar. Y es que esa es precisamente la finalidad de «Derecho y Debate» proporcionar elementos para la reflexión, el análisis y la eventual toma de posición que en su momento corresponderá a cada uno de quienes leen sus diversas ediciones. Espero entonces que en la consecución de este objetivo la actual edición «Derecho y Debate» tenga el mismo éxito que sus antecesoras.
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