Derecho y Debate va ya en su número 41, intentando como siempre proporcionar elementos para el análisis de materias de innegable actualidad. Así, por ejemplo, lo referido a la constitucionalidad, convencionalidad y conveniencia de reconocerle potestad sancionatoria a una entidad administrativa con rasgos como los que caracterizan a la Contraloría General de la República del Perú (y de la mano de ello, lo relacionado con la constitucionalidad del procedimiento administrativo sancionador, la legalidad, tipicidad y proporcionalidad de las sanciones establecidas) es discutido, de un lado, mediante un pronunciamiento firmado por buena parte de los destacados especialistas en Derecho Administrativo del Perú; y por el otro, a través de un proyecto de ley elaborado por la misma Contraloría General de la República peruana y presentado al Congreso de nuestro país.
De otro lado, las iniciativas de reforma del sistema de justicia peruano tienen dos recientísimas plasmaciones en dos leyes que acaban de publicarse: la que crea el Consejo para la Reforma de Justicia y la que restituye la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. La revisión y la toma de posición frente a lo previsto en estas normas, las cuales recogen aspectos que se encuentran en debate no solamente en el Perú, deviene entonces en una tarea de indispensable realización.
La protección de sectores vulnerables sigue siendo otro tema de preocupación dentro de «Derecho y Debate». Aquello explica, por ejemplo, la publicación en esta edición de una sentencia del Tribunal Constitucional peruano donde se combate a los denominados «estereotipos de género». También justifica la incorporación en esta oportunidad de dos pronunciamientos en materia previsional; la sentencia emitida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso «Muelle Flores contra Perú»; y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional peruano sobre el régimen pensionario de militares y policiales.
El caso «Abencia Meza» constituye una interesante apuesta de una Alta Corte por establecer parámetros de control constitucional a la judicatura ordinaria cuando ésta emite un pronunciamiento en base a elementos indiciarios. Se alcanza también una reseña, incluida en el libro homenaje al destacado jurista y magistrado Juan Silva Meza, en función a lo resuelto ante la demanda de inconstitucionalidad 5/98 presentada ante la Corte Suprema mexicana. Allí, a propósito de lo señalado en la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, se establecen importantes reflexiones sobre los márgenes de control en sede jurisdiccional a actividades como las de la configuración de los sistemas electorales (mayoritarios, proporcionales o mixtos) o el financiamiento de los partidos políticos. Finalmente, se incluye una reflexión sobre la actuación de pruebas en los procesos de habeas corpus a propósito de una reciente diligencia efectuada por el Tribunal Constitucional del Perú.
Es así como «Derecho y Debate» busca nuevamente facilitar elementos para el análisis y reflexión de materias de especial relevancia. Ojalá este esfuerzo pueda cumplir con los fines que se propuesto.
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