“Derecho y Debate “ vuelve a ustedes con una diversidad de temas para abordar. En primer lugar, la frustrada elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional peruano nos trae muchos temas para la reflexión.
¿Puede un(a) juez(a) considerar que cabe un Amparo contra la forma en que deviene realizando la elección de esos magistrados (con razón o sin ella, se alegaba falta de transparencia, preguntas a candidatos(as) que podían confundirse con un adelanto de opinión, trato desigual a los postulantes, y amenazas o violaciones de un debido proceso)? ¿Y dentro de ese Amparo, podía plantearse una medida cautelar que paralizara el procedimiento de elección de nuevos magistrados?
¿Y por si lo expuesto no fuese suficiente, el Congreso puede hablar de una inconstitucional interferencia de sus competencias o tenía que cumplir con la obligación impuesta en sede jurisdiccional? Ante ello, “Derecho y Debate” les facilita el concesorio de la medida cautelar en el proceso de Amparo presentado por el abogado Ayala; o la demanda de Amparo elaborada por varios profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú contra el procedimiento de elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
También se incorpora el auto de improcedencia emitido frente a un pedido del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Javier Villa Stein sobre una materia similar; y el comunicado de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del Perú defendiendo la obligación de acatar una decisión judicial, por más que no nos guste, quedando siempre abierta la posibilidad de impugnarla ante una instancia o grado superior. Como puede apreciarse, una polémica muy rica en elementos que, en términos generales, rebasa lo que podría ser un debate de interés solamente para la ciudadanía peruana.
El Tribunal Constitucional peruano nos trae dos sentencias de especial relevancia. Una de ellas, reconociendo una situación cada vez más frecuente, permite a las personas cambiar el orden de sus apellidos son elementos centrales en la construcción de nuestra identidad e integridad. La otra implica el debate, resuelto por el voto decisorio del actual Vicepresidente del Tribunal (la Presidenta pidió abstenerse en este caso), sobre la vinculación del ex Presidente de facto Francisco Morales Bermúdez con el tristemente célebre “Operación Cóndor». Debo aclarar que el pronunciamiento peruano es anterior el italiano, el cual espero publicar en una próxima edición.
El Poder Judicial o judicatura ordinaria ha emitido un polémico pronunciamiento de primer grado o instancia sobre la presunta concentración de medios informativos en los cuales habría incurrido el grupo “El Comercio». Seguramente esta primera decisión sobre el particular será apelada, pero nos tiene muchos importantes para la reflexión y el análisis.
De otro lado, lo referente a identidad de género es hoy un tema controvertido, pero lleno de relevancia e interés. En esta ocasión alcanzo la ley 2/2021, del 7 de junio, mediante la cual en España, como dice el encabezado de la norma, se busca “la igualdad social y la no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales”. También alcanzo una resolución donde se explícita que para el Fisco argentino ya no hay referencia alguna al género.
El Derecho Administrativo, como siempre, tiene una significativa importancia en “Derecho y Debate». Aquí toca ver el dictamen de ley planteado en Costa Rica para atraer a trabajadores(as) y prestadores(as) de servicios de carácter internacional; y una interesante y controvertida resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado peruano.
Como bien se puede apreciar, “Derecho y Debate” insiste en su prédica y convicción de proporcionar elementos para el análisis profundo, los eventuales consensos o las posibles (pero siempre respetuosas) discrepancias. Ojalá este número tenga la misma favorable acogida que sus antecesores.
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