Las circunstancias obligan a sacar prácticamente de emergencia una nueva edición de “Derecho y Debate”. Acaba de publicarse un nuevo Código Procesal Constitucional. No puedo hablar sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pues aquello significaría un adelanto de opinión, pero su sola lectura demuestra una serie de contradicciones e impresiones que resultan palmarias. Yo ha he hecho múltiples declaraciones a diversos medios de comunicación alertando sobre los riesgos de esta norma (sin hacer, repito, adelanto de opinión). He hablado con quien preside el Tribunal Constitucional peruano, y sinceramente espero de ella y del resto de mis colegas una toma de posición al respecto.
Ahora bien, este no es el único tema que aborda la edición de hoy. Se incluye a la ley 31305, ley de Reforma Constitucional que ha causado no pocas protestas, y que reclaman fortalecer la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del Secreto Bancario y la Reserva Tributaria. Vean por favor la norma en cuestión y háganse su propio criterio al respecto.
Luego, se incluyen también normas cuya buena intención es innegable, pero cuyos alcances tendrían luego que ser analizados con más detalle: el Decreto Supremo N.º 018-2021-MIMP, que crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente denominada “Comisión Nacional de Alto Nivel para Igualdad de Género – CONAIG”; Resolución Ministerial N.º 195-2021-MIMP, mediante la cual se aprueban diversos protocolos de servicios del Programa Nacional para la Prevención contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA, elaborados en el marco de la Política Nacional de Igualdad de Género; y la Resolución Ministerial N. º 196-2021-MIMP, que recoge los ya aprobados “Lineamientos Técnicos para promover la autonomía económica de las mujeres en su diversidad”. Siempre estaré a favor de acabar con los estereotipos y desigualdades de género existentes en el Perú. Ojalá esta normativa sirva en este sentido.
Finalmente, se coloca una directiva del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial sobre Juzgados de Investigación Preparatoria Nacional Especializados en Crimen Organizado. La directiva del tema obliga a leer esta nueva normativa y armarse un criterio propio al respecto.
Así, una vez más “Derecho y Debate” busca cumplir sus ideales de propiciar un análisis riguroso y respetuoso de las diferentes posiciones existentes, para así enriquecer las perspectivas de todos y todas. Ojalá en esta ocasión se haya vuelto a conseguir ese objetivo.
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