Derecho y Debate 79

“Derecho y Debate” trae una serie de novedades en esta última edición, importantes para el análisis y la discusión alturada.

En primer lugar, contamos con todos los documentos emitidos frente a la duda sobre qué hacer con los restos del repudiado terrorista Abimael Guzmán. La propuesta del Ministerio Público, lo planteado por la Congresista Echaíz, la demanda interpuesta por el procurador Soria, y, finalmente la flamante Ley 31352, Ley de Cremación de Terroristas. Personalmente creo, y sin que esto signifique adelanto de opinión, que hubiese sido más conveniente incluir en la Ley una referencia de que estas pautas son aplicables a autores intelectuales o materiales de crímenes de lesa humanidad, problema en el que, por razón
de mi cargo como Magistrado del Tribunal Constitucional, solamente puedo opinar resolviendo un proceso.

También este número cuenta con la primero llamada “ley interpretativa,” y luego “ley de desarrollo constitucional”, regulando lo que puede ser solicitado por el gobierno mediante cuestión de confianza, y que, por cierto, desconoce lo planteado en dos sentencias del Tribunal Constitucional. Esperemos para ver cuál es el derrotero que sigue este polémico accionar del Congreso.


De otro lado, la aprobación de un autodenominado “Nuevo Código Procesal” (lleno de errores conceptuales e imprecisiones, como he señalado en otros medios, sin con ello implique adelantar opinión, pues un error conceptual o una imprecisión no significa necesariamente un signes de estar ante una inconstitucionalidad) ha llevado a introducir una serie de modificaciones al Reglamento del Tribunal Constitucional, las cuales se ponen en vuestro conocimiento.

Además, el destacado iuspublicista boliviano Alan Vargas Lima colabora nuevamente con “Derecho y Debate” con un texto de lectura obligatoria. También desde “Derecho y Debate” se facilita conocer la demanda de acción popular interpuesta contra los artículos 23.1 y 23.4 del Reglamento de la Ley 31112, que establece el control previo de operaciones de contratación empresarial.

Dejo para el final un aporte de primer nivel que engalana esta edición de “Derecho y Debate”: la sentencia del Tribunal Supremo Español sobre el pasaporte sanitario digital impulsado incluso por la Unión Europea. Al respecto, considero importante resaltar una parte de lo resuelto por el Tribunal Supremo:

“[…] Concurre una justificación objetiva y razonable para permitir o no el
acceso al correspondiente establecimiento, según se haya cumplido tal
exigencia, pues se trata de la protección de la salud y la vida de las
personas, mediante una medida que evite o restrinja la propagación de la
pandemia, teniendo en cuenta que tales diferencias de trato, para ser
discriminatorias, deben carecer de una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con criterios jurídicos atendibles, al basarse en razones que
resultan jurídicamente relevantes […]”

Como puede apreciarse “Derecho y Debate” vuelve a proporcionar elementos para el análisis y el alturado intercambio de ideas.

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