La compleja situación política peruana lleva a adelantar la publicación de este número 99 de «Derecho y Debate». En primer lugar, se incluye, por primera vez en la historia del Perú, una voluminosa denuncia planteada por la Fiscal de la Nación contra el Presidente de la República, acusándolo como el jefe de una organización delincuencial.
He estado revisando las 376 páginas que ahora se pone a su disposición, y confieso que hubiese preferido que el trámite del tema mediante juicio político, y no arriesgarnos a fórmulas que apelan a la eliminación del artículo 117 y su reemplazo por una interpretación convencional cuando internamente en el Perú existían vías idóneas al respecto.
Además, y llámenme suspicaz, pero la alternativa asumida por la Fiscal de la Nación trata de dejar sin necesidad de recurrir a una investigación preparatoria, y solamente desarrollando la investigación preliminar, lo cual es manifiestamente cuestionable. Con ello no quiero desmerecer la labor realizada por el Ministerio Público, pero si anotar algunos problemas en lo entregado que deben tratar de salvarse a la brevedad.
También se consigna un estupendo artículo de Víctor Hernández Mendible, reproducido por expresa autorización de su autor. Vinculado a la persecución del delito, se consigna el informe especial de apoyo al EEFCOOP. También viene el texto de una interesante demanda competencial, la 10-00003-2022-CC-76, una interesante respuesta dada sobre un hábeas corpus conexo emitido por la actual composición del Tribunal Constitucional del Perú. Y va, finalmente, la sentencia emitida hoy, a través de la cual se ordena reponer en su cargo como Procurador General del Estado a Daniel Soria Luján.
Con todo este material, espero que «Derecho y Debate» haya cumplido con el mismo objetivo de sus antecesoras. A partir de mañana se tendrá a disposición al número 99 de «Derecho y Debate».
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